La Universidad Iberoamericana Puebla se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusada de incumplimiento de contrato por parte de Base 10, una agencia de publicidad digital. La denuncia, que ha generado preocupación en la comunidad académica y empresarial, expone la negativa de la universidad a realizar el pago por servicios publicitarios contratados y ejecutados, en aparente contradicción con los principios de ética y justicia que la institución proclama en su misión.

Un incumplimiento que contradice sus valores

De acuerdo con Base 10, en diciembre de 2022 la universidad formalizó su selección como proveedor de servicios publicitarios tras un proceso de licitación. A partir de enero de 2023, la agencia comenzó a ejecutar estrategias digitales para potenciar la visibilidad de diversas Unidades Estratégicas de Negocio, incluyendo Educación Continua, Admisiones y Posgrados.

Sin embargo, en marzo de 2023, la Universidad Iberoamericana Puebla, a través de su Directora General de Vinculación, Aurora Berlanga, suspendió unilateralmente la colaboración sin previo aviso ni justificación, dejando de lado sus obligaciones contractuales. A pesar de haber solicitado y recibido la totalidad de los servicios de Base 10, la universidad ha optado por no realizar el pago correspondiente, argumentando que el contrato nunca fue formalizado. Esta postura resulta contradictoria, ya que la misma universidad ha reconocido en otras instancias que este tipo de acuerdos no requieren una formalización específica para ser válidos.

Esta decisión no solo representa un perjuicio económico para la agencia, sino que también contradice abiertamente la misión institucional de la IBERO Puebla, que en su declaración oficial afirma formar “hombres y mujeres íntegros, comprometidos con la justicia y la solidaridad”. La falta de cumplimiento con sus compromisos contractuales plantea interrogantes sobre la coherencia de la universidad con los valores que predica.

Negociaciones fallidas y acciones legales en curso

En un intento por resolver el conflicto de manera conciliatoria, Base 10 sostuvo reuniones con la Directora General de Vinculación, Aurora Berlanga, y la abogada Perla Gómez, quienes inicialmente ofrecieron el pago de solo el 23% del monto total adeudado. Posteriormente, la oferta aumentó al 45%, cifra aún insuficiente y que refleja una falta de compromiso de la universidad para honrar sus obligaciones contractuales.

Ante la negativa de la institución a llegar a un acuerdo justo, Base 10 se ha visto obligada a tomar acciones legales para exigir el pago completo por los servicios prestados.

Impacto en la comunidad académica y empresarial

Este caso ha generado un intenso debate sobre la ética de las instituciones educativas y su responsabilidad en el cumplimiento de acuerdos comerciales. Representantes de la comunidad empresarial han expresado su preocupación, señalando que prácticas como esta afectan la confianza en el sector educativo y perjudican a proveedores que operan bajo términos contractuales legítimos.

Base 10 ha hecho un llamado a la Universidad Iberoamericana Puebla para que asuma su responsabilidad y cumpla con sus compromisos contractuales. La resolución de este caso es seguida de cerca por la comunidad local, ya que podría afectar la reputación de la universidad y su credibilidad como institución promotora de la ética y la justicia.

“Según el director de Base 10, ‘la universidad ha actuado en total desacuerdo con los principios de honestidad y transparencia que deberían guiar cualquier acuerdo comercial’.”

La expectativa está puesta en que la Universidad Iberoamericana Puebla rectifique su postura y demuestre con acciones concretas el respeto por los principios que proclama.