Agencias, Ciudad de México.- Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional penalizar el aborto, médicos del estado sureño de Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años. El caso es el más reciente ejemplo de lo que los defensores del aborto habían advertido después de la histórica decisión judicial: hasta que cada uno de los estados no reforme sus códigos penales, seguirán existiendo obstáculos significativos para el acceso a abortos seguros y legales. 

Sólo después de que el caso trascendió a los medios, legisladores estatales, activistas y autoridades sanitarias se involucraron para que la niña recibiera asistencia médica para la interrupción de su embarazo. Guerrero es uno de los 26 estado de México donde aún no se ha acatado la sentencia de la Corte ni se ha avanzado en la aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal estatal para despenalizar el aborto.

En medio de los vacíos legales, Guerrero exhibe uno de los mayores registros del país en abusos sexuales, lesiones y homicidios contra las mujeres y embarazos adolescentes, hechos que se han agravado durante los últimos meses, reconocieron congresistas y activistas consultadas por The Associated Press. 

La grave situación que enfrenta Guerrero fue alertada recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que informó que entre enero y noviembre de 2021 se reportaron 16 feminicidios y 112 homicidios dolosos, y en enero pasado ocurrieron cuatro muertes violentas de mujeres. Activistas también han documentado casos similares en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros.

De acuerdo con datos de enero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guerrero estuvo entre los diez primeros estados con la mayor cantidad de casos de homicidio de mujeres, superado sólo por Guanajuato, Yucatán, Baja California, México y Chihuahua. 

A mediados de febrero, el estado se vio conmocionado por el caso de una niña de nueve años de la comunidad indígena me’phaa, en la región de la Montaña de Guerrero, que fue presuntamente violada por un primo, también menor de edad. 

Sus penurias no terminaron con el abuso. Al quedar embarazada como consecuencia de la violación, la pequeña, que es huérfana de madre, fue llevada por sus abuelos y una tía a la Fiscalía local y posteriormente a un hospital de Chilpancingo, capital del estado, para que le practicaran un aborto, pero los médicos se negaron a realizarle el procedimiento alegando que la salud de la niña podrían ponerse en riesgo debido a que tenía más de doce semanas de embarazo.

La decisión del hospital desató una fuerte polémica en Guerrero que animó la polarización entre los sectores a favor y en contra del aborto en la que resultó inmersa la familia y la menor. Ante la presión de la opinión pública y la intervención de dos diputadas estatales y una activista que se reunieron con los médicos y autoridades del hospital, la Secretaría de Salud de Guerrero se pronunció a favor de que a la niña se le practicara un aborto el 16 de febrero luego de tres días de ir de un sitio a otro sin lograr una solución a su situación.

Uno de los que estuvo en contra de esa acción fue el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien expresó que “no se puede abortar de ninguna manera porque se debe respetar la vida”. Rangel Mendoza dijo a la AP que el caso de la pequeña responde a “circunstancias socioculturales” que se han registrado por años en Guerrero donde los casos de abuso sexual ocurren dentro de las mismas familias y son ejecutados por los padrastros y hermanos.

El obispo afirmó que la Secretaría de Salud de Guerrero “cometió un asesinato” al autorizar el aborto de la niña. “Se van contra una criatura inocente, y ¿por qué no se fueron contra la persona que la embarazó? ¿Dónde está esa persona?. Va a seguir embarazando niñas”, agregó.

El presunto agresor en este caso aún permanece libre y tiene abierta una carpeta de investigación, indicaron activistas.

A pesar de que en México existe una normativa que establece que los casos de violación sexual requieren atención inmediata, y que hay dos alertas de violencia de género en Guerrero, activistas han documentado en los últimos meses al menos ocho casos de adolescentes y mujeres, una de ellas con discapacidad, a las que les negaron el aborto pese a que denunciaron que su gravidez había sido consecuencia de una violación.

La activista Neil Arias Vitinio, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que en Guerrero es un “problema muy complicado” la atención a las niñas y mujeres víctimas de violaciones y agresiones debido a la gran impunidad y la ausencia de una legislación, y agregó que el manejo inicial que se le dio a la violación de la niña fue el mejor ejemplo de ello.

Arias Vitinio indicó que el caso logró ser atendido por las autoridades debido a que trascendió a los medios, y recordó que en la mayoría de los casos las víctimas, que provienen de zonas apartadas y pobres, terminan desgastadas y vulneradas en sus derechos “porque allá nadie las escucha”.

“Hay mucha resistencia en las instituciones donde tienen la obligación de atender a la norma de violencia familiar y sexual y contra las mujeres”, sostuvo la activista Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado 100 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes desde el 2004 a octubre de 2021 en doce municipios de la entidad sureña. 

“Es un problema grave”, afirmó la diputada Beatriz Mojica al hablar de la escalada de los casos de violencia contra las niñas y mujeres en Guerrero, e insistió en que es urgente que se atienda la despenalización del aborto debido a que en el estado hay mujeres violadas que han sido encarceladas tras la interrupción de sus embarazos. 

Uno de los casos que ha alcanzado notoriedad es el de una joven indígena de 23 años de la comunidad de Xochicalco, en el municipio de Arcelia, que fue víctima de violencia sexual y que lleva seis meses detenida tras ser acusada de homicidio en grado de parentesco por un parto intempestivo.

“No deberíamos como sociedad permitirnos que nuestras niñas estén en esta situación tan vulnerable, y en ese sentido nosotras hemos hecho y seguimos haciendo los llamados a los legisladores a hacer lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad de garantizar la no criminalización de nuestras niñas, adolescentes y de las mujeres”, dijo Mojica quien es una de las promotoras de la reforma del Código Penal estatal junto a sus colegas Gloria Citlali Calixto y Nora Velázquez, todas del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A mediados de enero las tres diputadas presentaron en la Comisión de Justicia del Legislativo estatal una propuesta de reforma del Código Penal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal como se aprobó en Ciudad de México, y los estados de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Colima. De ser aprobada en el cuerpo legislativo pasaría al pleno de la Cámara de Diputados para la votación final.

Velázquez relató que poco después que presentaron la iniciativa de reforma arreciaron los cuestionamientos públicos de los políticos y activistas, e incluso comenzaron a recibir amenazas a través de las redes sociales y los medios.

La diputada dijo que espera que el reciente caso de la niña la comunidad indígena me’phaa sirva para impulsar este año en el Congreso el cambio en el Código Penal. “Legislamos para aquellas que están sufriendo en sus comunidades, incluso en las ciudades. No estamos promoviéndolo (el aborto), lo que apoyamos es que se legisle sobre un derecho a la salud, a la justicia al desarrollo humano”, agregó.

Ricardo Cano, consejero del Frente Nacional por la Familia —una organización civil que está en contra de la despenalización del aborto en México— consideró como “lamentable” que algunos grupos y activistas estén utilizando como bandera el caso de la niña para impulsar las reformas sobre la interrupción del embarazo y sostuvo que de aprobarse ese cambio legal “se dejarán a las niñas más vulnerables como nunca antes”.

“Aquí realmente erradicar el problema de raíz es ir contra los victimarios, es ir contra los violadores. De qué sirve si no vamos a la raíz, si las leyes del estado de Guerrero no someten con sentencias más fuertes a estas personas, el problema seguirá ahí”, sostuvo Cano.

Arias Vitinio también alertó sobre los problemas de impunidad que hay en Guerrero, donde muchos de los agresores y violadores son los padres, padrastros, familiares cercanos y vecinos de las víctimas quienes no son arrestados por la policía a pesar de tener órdenes de detención pendientes. Ante la posibilidad de que la despenalización del aborto pueda aprobarse en Guerrero la activista se mostró pesimista y dijo que la reforma “puede ayudar un poco” pero advirtió que puede que “sea letra muerta” si las instituciones no actúan.

Además de los estados mexicanos en los que se permite el aborto, en América Latina la interrupción del embarazo es posible en Colombia, Argentina, Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana. En cambio, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana lo prohíben sin excepciones.