Mientras periodistas y figuras públicas denuncian intentos de censura contra medios nacionales, Alina Paola Pantoja, fundadora de Match Judicial, se suma a la conversación con una declaración contundente: “yo también estoy siendo atacada por informar”.

Alina ha sido víctima de violencia digital e institucional por liderar una plataforma ciudadana que visibiliza a personas candidatas del Poder Judicial de la Federación mediante el uso de datos públicos. “Sin partidos. Sin propaganda”, recalca. Y sin embargo, su trabajo ha provocado una ofensiva que incluye amenazas, señalamientos falsos, omisiones legales y lo más grave: la exposición de sus datos personales por parte del Instituto Nacional Electoral sin orden judicial, vulnerando así su seguridad y su privacidad.

El INE inició en su contra el expediente INE/Q-COF-UTF/198/2025, acusando a la plataforma de ser una “aportación indebida” en el proceso electoral, a pesar de que Match Judicial no solicita votos, no pauta anuncios y no recibe financiamiento institucional. El contenido del sitio www.matchjudicial.com se basa en información pública, con más de 3,400 perfiles judiciales sistematizados para facilitar el derecho al voto informado.

Alina apenas fue notificada formalmente y solo porque una persona candidata le compartió el oficio que había recibido. El INE no la notificó directamente, y cuando finalmente lo hizo, fue con engaños. Lo que siguió fue una cadena de revictimización:

• La Policía Cibernética se negó a atender su denuncia.
• El Ministerio Público le impidió levantar un acta de hechos.
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aún no ha emitido resolución tras su queja formal.

Dos días después llegó el documento, con número de oficio INE/UTF/DA/12199/2025, que exige a Alina entregar información sobre las operaciones de campaña de personas candidatas a juzgadoras durante el actual proceso electoral federal y local. A pesar de que Match Judicial no realiza campañas, no contrata publicidad, no recibe dinero de partidos, ni solicita el voto, el INE insiste en tratar esta plataforma ciudadana como si fuera una agencia electoral con financiamiento ilegal, solicitando informes bajo amenaza de procedimiento sancionador.

Esta solicitud es improcedente y desproporcionada. Se basa en un uso intimidatorio del aparato fiscalizador, vulnerando la seguridad jurídica de una mujer que ya denunció violencia digital, exposición de datos personales e inacción institucional.

La gravedad del caso trasciende lo administrativo:

Es una señal de alerta sobre cómo el sistema electoral puede convertirse en instrumento de intimidación cuando alguien informa sin el aval del poder. En lugar de atender sus denuncias, el INE la ha notificado nuevamente con un ultimátum de cinco días hábiles, sin considerar que Alina ya está en calidad de persona desplazada y bajo denuncia formal por violencia institucional.

Sin medios detrás ni respaldo político, Alina ha enfrentado sola una campaña de silenciamiento. “No pido foco. Pido que no se normalice el silencio cuando el poder incomoda”, escribió en su cuenta de X: @deaparadis

Este caso ilustra cómo el sistema electoral y judicial puede convertirse en instrumento de intimidación cuando una mujer exige transparencia en un espacio históricamente cerrado al escrutinio público. La omisión de notificación, el uso de marcos legales sancionadores, la exposición de datos personales y la falta de garantías mínimas constituyen una forma de violencia política de género, agravada por su naturaleza digital e institucional.

Alina ha levantado su voz a través de todos los canales legales disponibles. Ha presentado ya dos  demandas ante el Poder Judicial de la Federación y una queja ante la CNDH, solicitando medidas cautelares y reconocimiento formal de su derecho a informar. Hoy alza su voz también en redes sociales, para decir: la libertad de expresión no puede ser selectiva. No puede depender del respaldo mediático o del poder político.

En el contexto de las elecciones judiciales de 2025 en México, varios periodistas y comunicadores han enfrentado ataques y amenazas debido a su labor informativa. Estos casos evidencian un patrón preocupante de ataques y amenazas contra periodistas y comunicadores en México, especialmente en contextos electorales y de reformas judiciales. La protección de la libertad de expresión y la seguridad de quienes informan son fundamentales para una democracia sólida y transparente.

Desde Match Judicial reafirmamos que informar no es delito. Participar no debe castigarse. Exigir transparencia no debe ponernos en riesgo.Este 1 de junio, vota con libertad, vota con conciencia, vota con información.

Frente al silencio institucional, la ciudadanía debe responder con fuerza. Si perseguir a periodistas ya es inadmisible, lo es aún más cuando la persecución recae sobre una mujer que promueve la rendición de cuentas con herramientas digitales.

• La libertad de expresión no se negocia.

• La participación ciudadana no se intimida.

• Y el voto no se controla: se defiende.

Porque la justicia también se defiende desde la voz y desde las urnas.