Ciudad de México, México, 12 de marzo de 2105 (Círculo Digital).- El Senado de la República aprobó por mayoría la nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Esta ley califica como grave la ordeña de ductos, el robo de crudo en campos de producción, así como en puertos de embarque, que realice la delincuencia organizada.

Establece un nuevo marco penal, que incluye las figuras de sabotaje y terrorismo contra las instalaciones petroleras.

La nueva ley fue aprobada por 80 votos a favor y siete en contra, y fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

El ordenamiento, aprobado por los senadores, sanciona con cinco a diez años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien venda al consumidor litros incompletos de gasolina y diésel, y a quien despache gas licuado de petróleo en volúmenes menores a los que paga el público. La sanción puede incluir la pérdida de la concesión de la gasolinería.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses (PRI), autor de la iniciativa original, presentó el dictamen de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, y señaló los alcances de la ley: elevar a penas de delito grave los robos de combustible que actualmente tienen sanciones menores; atacar a la delincuencia organizada que saquea hidrocarburos; castigar también los daños al medio ambiente por el desastre ecológico derivado de fugas de producto en los ductos violados.

También se tipifica el delito de terrorismo en instalaciones petroleras, que será sancionado con 40 y hasta 60 años de prisión y multa de 65 mil y hasta 75 mil días de salario mínimo.

Para el caso de sabotaje en equipos, instalaciones o bienes muebles o inmuebles de la industria de los hidrocarburos, la sanción va de 30 a 40 años de prisión y multas de 50 mil y hasta 65 mil días de salario mínimo.

Fayad explicó al pleno que en ningún caso se podrá considerar sabotaje “el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones e ideas o la libertad de reunión”, lo cual fue una aportación a la ley de parte del PRD.

Del despacho de litros incompletos de gasolina y diésel en las estaciones de servicio, el priísta Fayad dijo que la sanción aplica a partir de 1.5% y más de faltante en el despacho del combustible, y de 3% en la venta de gas licuado de petróleo, lo cual “puede parecer muy pequeño, (pero) se sabe que ante lo continuo del delito, éste alcanza cifras considerables”.

Por ello, subrayó, la ley castigará con cinco y hasta diez años de cárcel y multa de cinco mil y hasta 15 mil días de salario mínimo. Dijo que se trata de una ley “estrictamente penal”, que modifica el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra Delincuencia Organizada.

Ley en favor de los grandes intereses

El coordinador petista Manuel Bartlett pidió se pospusiera la discusión, ya que, a su juicio “se trata de una trampa”, toda vez que la nueva ley no va fundamentalmente encaminada a frenar el robo de combustible y las tomas clandestinas, sino a crear “medidas draconianas” para proteger a las empresas extranjeras que van a establecerse en el país, con base en la reforma energética.

Bartlett detalló que por el delito de terrorismo en hidrocarburos la pena es de 60 años y por sabotaje, de 40 años. El primero se define en la ley como: “Realizar intencionalmente por cualquier medio violento, actos en contra de bienes, servicios, integridad física, emocional seguridad o la vida del personal de asignatarios, contratistas o permisionarios”.

En el mismo sentido, Marco Antonio Blásquez Salinas (PT) dijo que la nueva ley no se dirige a combatir el problema del “robo vulgar” de combustibles que comete el personal de Pemex. Se trata de una legislación que pretende garantizar los intereses de las grandes petroleras que vendrán a controlar el mercado en los próximos años, expuso Blásquez Salinas.

Maki Ortiz (PAN), en defensa del dictamen, dijo que en la frontera norte el mercado ilegal de combustibles está bajo control del crimen organizado, en un esquema de terror que obliga a participar a empleados del sector, como suele hacerlo con los policías en otras tareas. Además, es común que los litros sean de 800 mililitros, y esta ley favorecerá el combate a las prácticas ilegales, dijo.

El PRD votó a favor ya que, según expuso Dolores Padierna, se dejó a salvo que las manifestaciones y protestas en instalaciones petroleras sean consideradas como sabotaje, además de que se sanciona también a las empresas privadas que exploten el petróleo y cometan delitos. Se les aplicará, dijo, las mismas penas y se llega incluso a cancelar la concesión.

El año pasado, la sustracción de hidrocarburos alcanzó los mil millones de dólares, casi la mitad del programa Prospera. (Con información de El Universal y La Jornada)