La línea fronteriza de México con América Central y Belice se ha convertido en una línea estratégica para la seguridad nacional de México, la considera la parte más sensible y vulnerable de nuestra soberanía nacional.
El incremento del tráfico de personas -hoy no sólo de Centroamérica, también de Sudamérica, Asia y África-, la violencia de pandillas, el trasiego de drogas ha puesto en alerta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha ordenado redoblar esfuerzos en la frontera sur para combatir la delincuencia en la zona fronteriza y dar seguridad a todos los mexicanos -desde luego a los chiapanecos- que habitan en la frontera con Guatemala y Belice.
El gobierno de la federación, por conducto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con los gobiernos de Guatemala y Belice impulsan un proyecto de Fuerza de Tarea en su frontera común, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento para el intercambio de información e inteligencia para combatir al crimen organizado.
El general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, sorpresivamente hizo el anuncio en la pasada Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC 2017), que fue organizada por las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina en Quintana Roo en días pasados, con el copatrocinio de los Comandos Norte y Sur de los Estados Unidos.
De acuerdo a lo dicho por el militar chapín, la Fuerza de Tarea ha venido trabajando desde hace más de cinco años, y que una de las bases operativas está enclavada en el Petén, que es un área estratégica que colinda con el Río Usumacinta en Chiapas.
El proyecto de seguridad e inteligencia militar realiza patrullares aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera de más de mil kilómetros que comparte México con América Central y Belice, además del intercambio de información e inteligencia para realizar operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia por parte del Comando Sur para contrarrestar al crimen organizado.
Otro de los generales de Centroamérica que participaron en la cumbre castrense fue el general David Munguía, ministro de Defensa de El Salvador. Él destacó que el tráfico de drogas afecta de manera distinta a cada país, y en este contexto, cada nación debe usar todas sus capacidades para hacerle frente. Con lo dicho por el general salvadoreño coincidió el viceministro de Seguridad Pública de Panamá, Jonathan Gabriel del Rosario Arosamena, quien destacó que el narcotráfico es una amenaza transnacional que hay que combatir con todas las capacidades, no sólo en el ámbito de la seguridad pública sino también en el ámbito social.
No hay duda: Frontera Sur igual a Seguridad Nacional.
¿Qué importancia tiene la Frontera Sur de México?
Chiapas es el estado del sur del país con mayor extensión en términos fronterizos. De los cerca de mil 140 kilómetros de extensión que tiene la Frontera Sur, 658.5 los comparten Chiapas y Guatemala; de los 21 municipios del límite sur de México con otros países, 19 pertenecen a Chiapas y esta frontera es, por excelencia, el paso natural desde Centroamérica.
Aproximadamente 58 por ciento de esta frontera está en territorio chiapaneco.
En los últimos años, particularmente a partir del 2003, el fenómeno de pandillas como la mara se ha hecho presente en la Frontera Sur. La aparición de pandillas juveniles trasnacionales ha dejado muy clara la porosidad de la frontera y ha alertado a los actores políticos sobre la necesidad de poner atención sobre su origen, crecimiento y vínculos con el crimen organizado.
Un tema ligado a la migración y el narcotráfico es el de la seguridad nacional. En la frontera sur de nuestro país se conjugan los tres fenómenos migratorios: como una zona de origen, como una zona de tránsito y como una zona de destino de la migración.
La frontera de México con Guatemala y Belice tiene la mayor afluencia de migrantes, la operación de la delincuencia organizada, tráfico de personas y de drogas y la ausencia de una autoridad que actúe con políticas claras y que se constituya como garante del orden y no como factor de corrupción y de inseguridad.
Es de vital importancia dar especial atención a la Frontera Sur, y concretamente al estado de Chiapas, ya que su enorme extensión y las condiciones de su terreno facilitan el ingreso de grandes cantidades de droga, armamento, indocumentados y contrabandistas de todo tipo.
El problema de la Frontera Sur debe ser considerado como un problema de seguridad nacional, y no debe ser tratado más como una frontera aislada de la frontera norte de nuestro país, pues en cuanto al contrabando de droga, armamento, mujeres e indocumentados, México continúa siendo una vía de paso obligada hacia los países del norte de América.
¿La migración y los derechos humanos?
*Los principales aspectos que ocupan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de inmigrantes extranjeros en territorio nacional, son cuatro:
- La violación de los derechos humanos de los migrantes por parte de autoridades mexicanas, las que los extorsionan, los agreden o les dan un trato indigno, autoridades federales, autoridades municipales y autoridades estatales.
- El alto riesgo que corren los migrantes que son víctimas de la delincuencia común y organizada ante la indiferencia de las autoridades.
- El aseguramiento de migrantes por parte de autoridades que no están facultadas para ello.
- Las condiciones en las que permanecen los migrantes en las estaciones migratorias en donde existe hacinamiento y condiciones indignas.
Impuestos para la igualdad de género no para la discriminación
Un grupo de mujeres mexicanas que viven en el país o en el extranjero proponen una campaña realmente interesante, original y de grandes alcances para las mujeres que buscamos y luchamos por la paridad sustantiva de género en México.
Su propuesta inicia a partir de la “Declaración anual de las personas físicas” ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
“Hacemos una demanda de justicia elemental: que los impuestos que pagamos millones de ciudadanas y ciudadanos se usen para alcanzar igualdad de género en cargos de dirección, licitaciones, contrataciones, salarios y beneficios laborales de instituciones, dependencias y organismos públicos cuyo presupuesto total o básico proviene de las/os contribuyentes.
“No pagamos impuestos para que se discrimine a la mujer, como sucede actualmente en los tres niveles de gobierno, en los Poderes Legislativo y Judicial, así como en universidades públicas, partidos políticos y organismos públicos independientes.
Y ponen ejemplos de lo que consideran discriminación en los instituciones, dependencias y organismos públicos:
1.-Únicamente 3 de las 18 Secretarías del gobierno federal están encabezadas por mujeres. Comparable desigualdad de género se observa en las Subsecretarías, Unidades y Direcciones Generales, no obstante haber mujeres con las cualidades y aptitudes requeridas para dirigir tales dependencias.
2.-De los 32 estados que conforman la República –Ciudad de México incluida-, sólo uno, Sonora, es gobernado por una mujer. En presidencias municipales la participación de la mujer es minúscula.
3.-Hay así mismo pocas mujeres en las presidencias de los partidos políticos, al igual que en los puestos de dirección de organismos públicos independientes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, o bien, de instituciones de enseñanza e investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
Entre las firmantes se encuentran Yolanda de Garay Castro, Leticia García Oseguera y Leticia Llamas de la Torre.
Política mediática
El Senado de la República dio voz a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dentro del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con la aprobación de la adición de una fracción XIX al artículo 2, una fracción V al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como la adición de una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CDI podrá dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra mujeres y niñas indígenas. @ La Asamblea Legislativa efectuó reformas a las leyes de Cultura Cívica; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; de Salud, y de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El Gobierno de la Ciudad de México publicó una serie de reformas que pretenden clasificar como actos discriminatorios a quienes insulten o intimiden a una mujer que dar pecho a su hijo en lugares públicos. Además, estas conductas también serán objeto de sanciones.
*Política y periodista chiapaneca.
http://ritabalboa.blogspot.mx/
