Fernando Polanco Ochoa

Chilpancingo, Gro., 10 noviembre 2015.- La Open Society Justice Initiative, organización internacional de derechos humanos, cuestionó la designación del titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

Porque ante la muerte de Juan Alarcón Hernández, el Congreso designó a Ramón Navarrete Magdaleno mediante un proceso “desapegado al procedimiento” que se establece en la Ley de Derechos Humanos.

Ximena Suárez, integrante de la organización, señaló que la Coddehum ha sido “neutralizada” por el Poder Ejecutivo.

“Hemos encontrado una defensa pública patética que no puede garantizar acceso a la justicia a la población marginada”, sostuvo.

“La Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero era la única instancia que denunciaba actos de impunidad y se atrevía a hablar claramente de casos de desaparición y tortura”, señaló Suárez.

También cuestionó la falta de independencia del Poder Judicial de acuerdo con los estándares internacionales.

“Un secretario de gobierno (Jesús Martínez Garnelo) que es la vez presidente de la Judicatura con licencia es inaceptable, rompe el principio básico de la independencia de los podres en cualquier país democrático. Esta es situación tan grabe que nos encontramos en la investigación”, dijo.

También dijo que el Congreso local tiene el rol fundamental de disminuir la violencia y violaciones graves a los derechos humanos pero que “hasta ahora ha omitido asegurarse de que el sistema de justicia estatal funciona para atrocidades”.

Indicó que en 2014 el Congreso local aprobó la Ley contra la Tortura pero no tomaron en cuenta a la sociedad ni a los organismos internacionales. A un año de haber sido aprobada no se ha puesto en práctica, dijo.

“Bajo el mandato de los predecesores del gobernador Héctor Astudillo Flores, el sistema de justicia ha estado influencia por un Poder Ejecutivo autoritario que no ha respetado la autonomía legal o la independencia de las instituciones”, sostuvo.