Agencias / MonitorSur, Xalapa, Veracruz .- De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, César Duarte fue detenido el 8 de julio en el estado de Florida por el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service). Los delitos que se le imputan son asociación delictuosa y peculado.
Sin embargo, en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se dio a conocer en noviembre de 2018, se indica que Duarte también habría participado en el desvío de 246 millones de pesos — 11 millones de dólares — para campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el año 2016.
Con lo cual, Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia en México, hace un llamado a amplificar los delitos que se le imputan al exgobernador de Chihuahua.
Pues según explicó, las acusaciones contra Duarte son insuficientes para impulsar un proceso jurídico por delincuencia organizada a través del cual se pueda señalar la participación de otras personas en estos actos de corrupción.
“Los MP [Ministerios Públicos], la Fiscalía General de la República [FGR] y la Fiscalía de Chihuahua deberían coordinar (…) e impulsar las causas por delitos del fuero común (…) de la vida federativa de Chihuahua y, el Gobierno Federal debería tipificar delincuencia organizada y los delitos precedentes”, detalló para Sputnik.
Por otro lado, expresó que, en caso de que se lleve a cabo un proceso que coordine a las diferentes instancias de seguridad del país, las investigaciones podrían apuntar hacia delitos más graves como: lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Entonces a través de la causa por lavado de dinero que se le imputaría a la red que rodeaba a César Duarte (…) porque estos son delitos en red, no son delitos individuales. Una causa por lavado de dinero investiga todos los vínculos entre los miembros de una organización criminal para acreditar estas relaciones y conocer la estructura, el organigrama de esa red criminal que está formada por políticos, empresas privadas y a veces pantallas de sociedad civil que usan para canalizar dinero”, indicó.
Los otros actores en los delitos de Duarte
El expediente delictivo de Duarte data de 2017, cuando el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral diera a conocer que se había girado una orden de aprehensión contra el exgobernador de la entidad por el delito de peculado.
Días después, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, la emisión de una ficha roja contra César Duarte Jáquez por delitos asociados a actos de corrupción.
No obstante, el reporte elaborado por MCCI habla de un desvío de alrededor de 650 millones de pesos (29 millones de dólares) en el que no solo participó Duarte Jáquez, sino también autoridades de otros seis estados y doce empresas fantasma.
Ante este panorama, Buscaglia insiste en que el sistema de justicia mexicana tiene que transitar hacia la ampliación del rango de tipificaciones penales que trasciendan la condena a un solo individuo por actos de corrupción como enriquecimiento ilícito.
“Tiene que ir mucho más allá de eso porque si uno individualiza la tipificación penal en una sola persona física —César Duarte—, te pierdes a toda la red de empresas, de personas físicas y morales, que lucraron a través de esta red criminal. Entonces, por eso te tienes que ir al mismo tiempo por toda la red criminal a través de la tipificación federal por delincuencia organizada”, indicó.
En tanto, el expediente de MCCI evidencia que en el desvío de los 650 millones de pesos participaron autoridades de Chihuahua (246 millones), Durango (230,4 millones), Sonora (140,5 millones), Morelos (16,4 millones), Colima (15,14 millones), Estado de México (488.900) y Ciudad de México (300.000).
A la investigación también se agregó la declaración de Ricardo Yáñez, exsecretario de educación de Chihuahua, quien manifestó que en el desvío de recursos públicos también participaron la Secretaría de Hacienda federal —que estaba a cargo de Luis Videgaray— y Manlio Fabio Beltrones —miembro del PRI—.
Por lo cual, el investigador senior de la Universidad de Columbia apunta que una línea de investigación en el caso Duarte podría ir orientada a inspeccionar la red de distribución de “dineros sucios” que circuló en las campañas del PRI durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
“Entonces, no me llamaría la atención que, si hay una investigación bien hecha por primera vez en la historia de México, lleguemos a esa red criminal que por ahí toca al círculo presidencial de Peña Nieto. Quizá no, habría que ver”, opinó.
Pero por el momento, hizo hincapié en que las imputaciones a César Duarte tienen que ir dirigidas hacia la red de personas y empresas que participaron en el desvío de recursos. Pues de no ser así, “lamentablemente va a terminar como el caso de Elba Esther Gordillo y se les va a caer”.
Con información de la agencia rusa ‘Sputnik’.
