Jorge Torres / Círculo Digital, Ciudad de México.- El presidente de la República es rehén de sus propios errores cometidos en una titubeante defensa política de su investidura. No actuó con la velocidad y la eficacia que las crisis de su incipiente sexenio lo ameritaban y éstas se fueron acumulando hasta convertirse en verdaderos anclajes que lo mantienen atado a una realidad cada vez más hostil para su gobierno.

El entorno económico no permite la retórica optimista y lo único que le queda al presidente es la política. Pero es ahí, precisamente, en donde el propio mandatario y su séquito de asesores y consultores han fallado rotundamente.

La maquinaria del poder presidencial se pasmó y entró en un estado de autismo político que no le permite deconstruir las amenazas y diseñar sobre la marcha las estrategias a seguir para salirle al paso a sus adversarios y construir el diálogo abierto con la sociedad para dar respuesta con transparencia y contundencia a los cuestionamientos públicos sobre su administración.

El equipo político del presidente está a la deriva reaccionando a destiempo ante las embestidas en contra de su jefe. Hasta ahora, la corte de asesores y consultores de Enrique Peña Nieto no han mostrado pericia ni creatividad. Han subestimado los ataques y dan la impresión de no saber cómo salir de las crisis acumuladas.

Una regla básica de la estrategia en el ámbito público es saber distinguir con realismo el momento preciso en el que una batalla política se puede ganar o es necesario abandonar el combate con inteligencia en aras de no poner en riesgo la campaña mayor. En este caso la legitimidad para gobernar lo que resta del sexenio.

El equipo político de Peña no ha sabido sacarlo a tiempo de los conflictos ni ha mostrado eficacia para culminar sin enredos las crisis que lo han asolado. El crimen de Iguala y las denuncias por conflictos de interés envolvieron al presidente y lo acorralaron de tal manera que han pasado meses sin que asesores y consultores muestren con claridad cuál va a ser la ruta que le devuelva la legitimidad que ha perdido.

El asesinato de los 43 jóvenes en Iguala se debió de haber convertido en una cruzada del gobierno federal contra la
violencia en Guerrero que cimbrara las estructuras del poder local de tal manera que legitimara el poder del Estado. No fue así y ahora el presidente comparte la responsabilidad ante la opinión pública por los crímenes de los jóvenes normalistas, mientras el procurador trata de cerrar el caso de una manera torpe y desordenada.

El presidente debe entender que uno de los principales errores que un mandatario no se debe permitir es negar la evidencia. Hacerlo repercute en la legitimidad y lo coloca en el terreno de lo irracional, y no se puede pretender gobernar con altos grados de irracionalidad.

Los escándalos por la “casa blanca” y la villa de descanso del secretario de Hacienda debieron de dar pie para poner orden en el proceso ético del comportamiento de los servidores públicos en torno a la relación de contratistas y funcionarios.

La batalla estaba perdida desde que inició, y el equipo político del presidente no tuvo la capacidad de visualizarlo de esa manera y decidió emprender una campaña absurda para explicar lo inexplicable en vez de transformar la derrota en una oportunidad de encabezar con humildad la reconstrucción del sistema anticorrupción del Estado luego de un mea culpa por omisión. La derrota en una batalla política se puede convertir en una victoria mayor y en Los Pinos no supieron cómo hacerlo.

Si el presidente quiere recuperar la legitimidad que ha perdido debe empezar por aprender que algunas batallas se tienen que perder y que los conflictos y las crisis políticas no se deben concluir desordenadamente. Ese es el reto de un presidente al que le faltan cuatro años de gobierno y el de un equipo de asesores que no ha podido superar el autismo político en el que se encuentra.

@JTJ_1