Agencias, Ciudad de México.- Mientras un escándalo de corrupción sacude el Parlamento Europeo, eurodiputados y grupos de activistas afirman que la falta de declaraciones de bienes, la escasez de informaciones sobre contactos con terceros países y las escasas sanciones crearon un entorno en el que el incumplimiento de las normas podía quedar impune o pasar desapercibido.

“Muchos parlamentarios se consideran intocables y creen que no se les aplican las normas ordinarias”, afirma Michiel van Hulten, director de la oficina de Transparencia Internacional en Bruselas.

La Fiscalía sospecha que la eurodiputada griega Eva Kaili y otras tres personas aceptaron sobornos de Qatar, reciente anfitrión de la Copa Mundial de fútbol, para influir en la formulación de las políticas de la Unión Europea.

El caso, conocido en los medios como “Qatargate”, es uno de los mayores escándalos que ha sacudido al bloque de 27 países. En redadas relacionadas con el caso, investigadores incautaron 1.5 millones de euros (1.6 millones de dólares) en efectivo, parte de ellos metidos en una gran maleta encontrada en un hotel de Bruselas.

Qatar y Kaili han negado haber cometido delito alguno. De los otros tres sospechosos, los abogados de uno declinaron hacer comentarios, los de otro no respondieron a una petición de comentarios y el grupo de campaña en el que trabaja el tercero dijo que la investigación demostraría que había actuado correctamente.

Pero desde que el caso salió a la luz, activistas y partidos políticos han intensificado sus peticiones de una serie de reformas para elaborar normas de conducta más claras para quienes trabajan en las instituciones de la UE y restablecer la confianza.

El grupo centrista liberal del Parlamento Europeo Renew Europe afirma que el registro de transparencia, diseñado para mostrar la interacción con los grupos de presión, es inadecuado y debería incluir a representantes de Gobiernos extranjeros, así como a antiguos eurodiputados. Uno de los imputados fue legislador hasta 2019.

Según el código de conducta del Parlamento, los eurodiputados deben declarar otros ingresos y abstenerse de aceptar regalos o beneficios de más de 150 euros, pero esto no se aplica a viajes, alojamiento o gastos pagados por terceros.

En los registros de regalos, que incluyen las notificaciones que los eurodiputados están obligados a hacer de los objetos que han recibido en el ejercicio de sus funciones oficiales, figuran artículos como un teléfono de Baréin, joyas de Azerbaiyán y perfumes de Qatar, pero por lo demás son escasos.

Sólo ocho eurodiputados declararon 46 regalos recibidos desde 2019 y en los cinco años de legislatura anteriores fueron sólo 15 diputados y 57 artículos.

De los viajes, los legisladores deben revelar si son pagados por terceros países, pero hay excepciones, como los pagados por “partidos políticos y fundaciones”.

La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, se comprometió a liderar un “fuerte proceso de reforma”.

Los legisladores de la UE votaron por abrumadora mayoría presionar para que se obligue a los eurodiputados a declarar sus bienes y se prohíba la financiación externa de los diputados o el personal, incluida la prohibición de donaciones de países no comunitarios.

También instaron a la Comisión Europea a presentar lo antes posible una propuesta para crear un órgano de ética independiente.

Stéphane Séjourné, quien preside el grupo Renew Europe, dijo que el organismo debería aplicarse en todas las instituciones de la UE y ser capaz de investigar y transmitir los resultados a las autoridades judiciales.

“Necesitamos herramientas para identificar mejor los problemas que se pueden tener con conflictos de intereses o eventuales casos de corrupción”, dijo.

“Se ha olvidado un poco en los últimos años porque hemos tenido crisis, de sanidad y de economía. Necesitamos reiniciar una futura legislatura al menos con transparencia y claridad de lo que esperamos de los eurodiputados o de los jefes de administración de la Comisión o de los comisarios europeos para evitar este tipo de incidentes”.

Van Hulten, de Transparencia Internacional, dijo que las propuestas eran “música para nuestros oídos”, pero señaló que aún deben aplicarse, y que muchos eurodiputados se han resistido anteriormente a las reformas.

Para Van Hulten, una cuestión clave es la necesidad de supervisión externa.

Daniel Freund, eurodiputado alemán de Los Verdes que ha supervisado el trabajo parlamentario sobre el tema, dijo que el progreso había sido lento desde que el Parlamento votó a favor de un organismo de ética en 2021.

La Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta sobre dicho organismo, pero no está claro cuándo llegará.

Por ahora, de las infracciones de los códigos de conducta se encarga un grupo de cinco eurodiputados. Según Freund, los informes sobre la conducta de los eurodiputados en la última década muestran unas 25 infracciones, pero sólo en una ocasión, muy reciente, se impuso una multa.

Muchas investigaciones se refieren a la no declaración de viajes fuera de la UE.