Agencia/MonitorSur/Ciudad de México- Los hermanos Natera, involucrados en el caso de la minera Primero Mining, que se benefició de manera irregular con el SAT, tienen una consultoría especializada en litigar contra la propia dependencia.
Luis, ex funcionario del SAT, y Christian operan el despacho Natera Consultores, S. C. en Lomas de Chapultepec con un equipo de 12 abogados especializados en temas como precios de transferencia.
Luis Natera fue Administrador Central de Fiscalización de Precios de Transferencia del SAT todo el sexenio pasado y hasta agosto de 2013.
Actualmente litiga contra una inhabilitación de seis años y medio para el servicio público, impuesta porque no se excusó de conocer del asunto de la canadiense Primero, uno de cuyos abogados era su hermano.
Natera Consultores, que existe desde los 90, enfatiza como una de sus áreas fuertes la de acuerdos anticipados de precios de transferencia, que fue la figura que el SAT autorizó en 2012 a Primero para vender plata refinada a precios muy inferiores a los de mercado.
El SAT se autodemandó en 2015 para invalidar esta opinión, con la cual la minera redujo en 2011 sus impuestos en más de 20 millones de dólares y tuvo, en 2012, una devolución de más de 22 millones de dólares.
Luis Natera pasó de la práctica privada a la Administración de Precios de Transferencia del SAT en enero de 2007, un tema complejo que se refiere a operaciones entre empresas relacionadas con sede en distintos países que, al no realizarse a precios de mercado, pueden servir para pagar menos impuestos.
La revista especializada Chambers define a Natera Consultores como “firma boutique con habilidad excepcional para integrar los precios de transferencia con la planeación aduanera y fiscal global, generando un sólo proceso dinámico”.
De comprobarse la estafa fiscal de la minera canadiense Primero Mining, sus acciones listadas en la Bolsa de Toronto podrían quedar congeladas.
Carlos Espinosa, ex jefe de la Unidad de Desarrollo Minero de la Bolsa de Toronto, no descartó el congelamiento de sus títulos, es decir, la imposibilidad de comprar y vender títulos de esa compañía hasta que no se aclare su situación con el SAT.
“Si el Gobierno de México gana esta contrademanda y los obligan a pagar impuestos sobre un precio que era 8 veces más alto de lo que estaban registrando, el impacto en su flujo de efectivo va a ser muy fuerte y a los accionistas no les va a gustar nada”, dijo.
Con información de Reforma
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