Ginebra, Suiza, 13 de febrero de 2015 (Círculo Digital).- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”, muchas de las cuales podrían calificarse como “desapariciones forzadas”, es decir, en las que intervino un servidor público.
Mediante un informe hecho público hoy, el Comité expuso sus conclusiones acerca del reciente examen hecho a México.
“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que afronta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, señaló el organismo internacional.
El Comité se dijo “preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
Durante la evaluación a México, los días 2 y 3 de este mes, los expertos observaron “con preocupación los numerosos informes que dan cuenta de las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos y, en particular, que la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
Uno de los aspectos más relevantes para el Comité es el hecho de que México aún no ha reconocido la competencia de éste para recibir y examinar denuncias presentadas por individuos, por lo que “alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales”.
Entre las conclusiones a las que llegaron los expertos se encuentra la necesidad de que México cuente con un registro nacional sobre desapariciones forzadas; que la legislación prevea específicamente la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos; que los tribunales militares no intervengan en la investigación de desapariciones cometidas por miembros castrenses en contra de militares, para que sean juzgados en el ámbito civil; solicitó aprobar a la mayor brevedad una ley general que regule de manera integral los aspectos de desaparición forzada contenidos en la Convención respectiva; tipificar la desaparición forzada a nivel federal y estatal; hacer la búsqueda sin dilación y de manera exhaustiva de los desaparecidos, y que la Procuraduría General de la República cuente con unidad fiscal especializada en la investigación de las desapariciones forzadas. (Con información de Milenio y El Universal)
