Agencia / MonitorSur / Ciudad de México.- La PGR investiga por lavado de dinero el caso de los contratos de 5 mil millones de pesos adjudicados a José Susumo Azano en el último año del sexenio pasado.

Los contratos eran para instalar equipos de espionaje en el Centro Militar de Inteligencia.

Según reportes castrenses, la Procuraduría de Justicia Militar remitió a la PGR la averiguación previa SC/96/2014/V que había abierto por los contratos otorgados a la empresa Security Tracking Devices, propiedad de Azano.

El caso ahora es indagado por la Unidad Antilavado de la SEIDO, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/079/2014.

En el sexenio de Felipe Calderón, Azano fue uno de los principales proveedores de tecnología de la Sedena, pues le vendió equipos de intrusión y extracción de datos de Blackberrys, smartphones y computadoras en 5 mil millones de pesos.

El empresario ya era investigado por la PGR desde hace dos años, pues Security Tracking Devices depositó 33 millones de pesos a Comercializadora Piter, una firma fantasma vinculada con el lavado de fondos ilegales.

La indagatoria de la SEIDO es precisamente por esas compras de tecnología para el espionaje de mensajería instantánea de BlackBerry, extracción de fotografías, listas de contactos y chats de teléfonos, así como software para convertir cualquier celular o computadora en un micrófono ambiental.

Security Tracking Devices instaló y echó a andar los equipos en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia, ubicado en el Campo Militar Número Uno.

Problemas legales

A principios de la presente Administración surgieron versiones de que Azano reclamó a la milicia adeudos relacionados con dichos contratos y que, ante sus gestiones infructuosas, anuló el funcionamiento de la tecnología que le compraron.

Cierta o no esa versión, fue a partir del actual sexenio cuando los problemas legales del empresario comenzaron, tanto en México como en Estados Unidos.

A fines de 2013 la PGR desmanteló una amplia red de empresas virtuales presuntamente encabezada por Carlos Ambe Buzali, que vendían facturas apócrifas y lavaban fondos ilegales.

Una de esas empresas, de nombre Comercializadora Piter, recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices, la compañía de Azano, una operación aparentemente para obtener facturas apócrifas y la devolución del efectivo.

El depósito fue reportado por la Unidad de Inteligencia Financiera para que iniciara una investigación por el delito de lavado de dinero.

En febrero de 2014 agentes el FBI detuvieron a Azano en San Diego, California, por supuestamente contribuir ilegalmente a campañas electorales, falsificar registros y poseer armas sin licencia.

El Departamento de Justicia le fincó 25 cargos, aunque Azano pagó una fianza de 5 millones de dólares para quedar en libertad.

Con información de “LA RAZÓN DE SAN LUIS”