Por Rogelio Hernández López
Parecía buena noticia lo que escuchábamos, decenas de abogados y uno que otro periodista, la mañana del jueves 8 de febrero en el seminario internacional sobre el sistema penal acusatorio. A nombre de la diputada federal Brenda Velázquez Valdez su representante ofrecía pormenores de lo que ella propone contendría la Ley General de Protección a Periodistas, que hoy no existe.
Pero, en la medida que Juan Alejandro Navarrete enumeraba los 14 apartados que tendría esta ley, se confirmaba que su iniciativa renguea por tres razones esenciales: es únicamente cautelar, abre demasiado la definición de periodista y, especialmente, omite el reconocimiento de al menos 12 derechos para ejercer esta profesión. Así no servirá para la protección integral.
Más asesinados en 2017
El congreso internacional de los abogados duró tres días, tuvo un seminario adicional. A la mesa redonda El sistema de justicia penal frente a los ataques a los profesionales de la comunicación y la libertad de expresión, fuimos invitados los periodistas Fred Álvarez, Pablo Cabañas, Rogelio Hernández y la diputada federal Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Ella no asistió porque anda en gestiones para ser nominada candidata a Senadora por su partido, el PAN.
Juan Alejandro Navarrete, secretario técnico de esa comisión camaral de nombre kilométrico llegó bien preparado y lo presentó con dispositivas. Su primera noticia, es que ellos si tienen el registro más completo de periodistas asesinados en México durante 2017; enlistan los nombres de 16, número que contrasta con los 7 que expone el CPJ de Estados Unidos y los 13 que reportan la CNDH, Artículo 19 y la fiscalía especial de la PGR. En la Cámara hacen buen monitoreo y lo presentan segmentado por entidad federativa.
Como se habitúa en reuniones así, el representante de la legisladora Brenda reportó su labor. Y los datos hacen parecer que desquita la dieta: tres pronunciamientos de todas y todos los legisladores que integran la comisión para demandar que la fiscalía especial atraiga los casos de asesinatos de periodistas sin discriminación; sobre las medidas que dictó Enrique Peña Nieto en mayo de 2017 y otro por la relatoría conjunta de la ONU y de la OEA sobre libertad de expresión en México.
Informó también que la comisión ha propiciado 18 comparecencias de fiscales, procuradores, de la CNDH y otros funcionarios de la Secretaría de Gobernación y el fiscal especial de la PGR; igual refirió las 11 reuniones de la comisión para emitir opiniones de casos de agravios, 8 puntos de acuerdo y 6 iniciativas de ley; aparte realizaron un foro especial y plural sobre libertad de expresión; además, la diputada Brenda interpuso demandas contra funcionarios públicos por desatender investigaciones y protección en las áreas de derechos humanos de la ONU, OEA y en la misma PGR.
Pero
Todo ese trabajo, reflejado en los datos, de los integrantes de la comisión y de la misma diputada Brenda debiera haberlos acercado a una concepción integral y a las causas de fondo que propician los agravios y asesinatos contra periodistas, o sea, entender mejor el fenómeno para diseñar un plan y una ley protección realmente integral. Eso sí sería darles (darnos) garantías amplias, mucho más allá que relativa seguridad policiaca, para el ejercicio pleno del periodismo y mejorar el derecho a saber de los mexicanos. Pero no.
Solicité al maestro Alejandro Navarrete su ponencia y me completó con el cuadro sinóptico de su propuesta de adición al artículo 7ª constitucional y los 14 contenidos que han preparado para su iniciativa de ley general.
Con ese texto, confirmé que sus análisis y, por tanto la ley que quiere la diputada Brenda y su comisión, cojean brutalmente porque reconoce solo dos derechos, entre 14 posibles: los de protección y secrecía de las fuentes, esto porque tiene como punto de origen una definición donde cabe toda persona usuaria de la libertad de expresión en México (lo que incluye a los periodistas) pero que, por ser tan amplia, prácticamente excluye a quienes se dedican (nos dedicamos) de tiempo completo a las labores de esta profesión. Los desenfoca.
Para hacer la iniciativa, según su resumen, consultaron a representantes jurídicos de la CNDH, a las área de derechos humanos de la ONU y la OEA, a organizaciones civiles, a militantes de partidos y algunos periodistas para la mitad de los apartados con temas distantes a nuestra labor, como la ciudadanización de la junta de gobierno del mecanismo federal de protección (tema jurídico), de más sanciones para servidores públicos omisos (derecho administrativo), sobre los tiempos de atención a víctimas (tema jurídico) y sobre la facultad de atracción de la fiscalía especial (jurídico).
En los temas de periodismo, donde dicen que hablaron con más periodistas, fue solamente para el secreto profesional. Mas para “el concepto amplio de periodistas” (definición) no informan haber hablado con ningún colega.
Así cómo creer en una iniciativa de ley, en una legisladora y una comisión especial que quieren proteger periodistas pero que no reflejan el parecer de periodistas que conocen, padecen y analizan cotidianamente su profesión y sus problemas. Consensuar con interesados y los más preparados en un procedimiento parlamentario indispensable.
Será una ley coja, fofa la que no reconozca al menos los otros 12 derechos que requiere esta profesión para informar, la que no enfoque cabal y explícitamente, desde su definición de origen, a los que tienen (tenemos) como forma de vida esta función social; y más aún, la que no prevea las causas estructurales que nos han hecho más vulnerables (maltrato laboral, social y jurídico). Es como si quisieran engendrar un ser nuevo sin columna vertebral.
